Día del Asperger 2026 – 18 de febrero
Por el reconocimiento de la discapacidad psicosocial, la protección frente al acoso y la ciudadanía plena de las personas Asperger
Un año más, la Confederación Asperger España, conmemora este día de reivindicación y defensa de derechos. Un día para situar en el centro a una de las realidades más invisibilizadas dentro del espectro autista: las personas con autismo de nivel 1, históricamente conocidas como síndrome de Asperger.
El síndrome de Asperger, no conlleva ni discapacidad intelectual ni del lenguaje, sin embargo, su procesamiento neurodivergente impacta en la interacción social, la comunicación pragmática, la regulación emocional y la sensibilidad sensorial, creando unas barreras que derivan en un tipo específico de discapacidad. Por ello, seguimos abogando por el reconocimiento de la discapacidad psicosocial como un paso crucial para que la sociedad entienda y aborde las dificultades que enfrentan las personas en el espectro autista. Este reconocimiento no solo visibiliza el sufrimiento y la ansiedad resultado de vivir en un entorno que no contempla la diversidad neurológica, sino que también promueve la empatía y la inclusión. Por ello, reconocer la discapacidad psicosocial no es una concesión, sino una condición imprescindible para garantizar igualdad de oportunidades y una ciudadanía plena.
Las particularidades sensoriales, la rigidez cognitiva o la intensa focalización en intereses específicos -que pueden convertirse en grandes fortalezas- requieren de la comprensión del entorno y unos apoyos, cuya falta, incrementa la vulnerabilidad social y el riesgo de abuso, especialmente en mujeres Asperger, que al igual que personas Asperger con alta capacidad, siguen sufriendo infradiagnóstico. Esta realidad exige asegurar el derecho al acompañamiento y a la asistencia personal para promover la autodeterminación en los ámbitos sanitario, judicial, educativo y laboral. Además, es fundamental actualizar los protocolos sanitarios, especialmente en salud mental. Hablamos de cuestiones esenciales de dignidad y derechos.
Para demasiadas personas Asperger, la diferencia se paga con violencia. El acoso escolar y laboral es una experiencia compartida por la mayoría. Un estudio realizado por Federación Asperger Andalucía, con casi 400 alumnos y alumnas de entre 10 y 19 años con diagnóstico oficial de autismo de nivel 1, revela que el 71 % sufre acoso escolar. Una cifra aterradora que evidencia el fracaso de los actuales protocolos, más orientados a proteger a las instituciones que a garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. Más de siete de cada diez menores Asperger soportan acoso y hostilidad en entornos educativos que no les protegen.
El marco legal español no es preventivo, no reconoce explícitamente el derecho del alumnado a un entorno educativo libre de violencia y sitúa demasiadas veces a los centros escolares como juez y parte. Los datos expuestos evidencian el fracaso del sistema, que reacciona tarde y de manera ineficaz, provocando abandono de estudios, depresiones y una grave afectación en la trayectoria vital. Por lo tanto, Asperger España urge al poder legislativo la aprobación urgente de una Ley Orgánica para la Protección del Alumnado frente al Acoso Escolar, que priorice la prevención, la seguridad y el bienestar del alumnado. El sufrimiento continuado de esta desprotección es devastador. Las personas en el espectro autista sin discapacidad intelectual enfrentan cifras de suicidio muy superiores a las de la población general que reflejan un dolor profundo, persistente y sistemáticamente infravalorado, desmontando definitivamente la falsa idea de “levedad” asociada al Asperger.
La exclusión no termina con la etapa educativa. A pesar de su formación y capacidades, el 84% de las personas Asperger se encuentra en situación de desempleo. Quienes acceden al empleo se enfrentan con frecuencia a entornos hostiles, falta de comprensión, ausencia de ajustes razonables y acoso laboral, con un grave impacto en su salud mental y su autonomía.
La ausencia de cupos específicos para la discapacidad psicosocial en el empleo público deja a las personas autistas sin discapacidad intelectual, ante la dificultad de solicitar ajustes razonables de difícil ejecución ya que afectan a la formulación literal de las preguntas, la imaginación de situaciones posibles, formatos accesibles, tiempos flexibles y entornos predecibles. La creación de estos cupos y/o la garantía de ajustes razonables son condiciones mínimas para el acceso al empleo público.
Asperger España denuncia la interpretación excluyente del Real Decreto 888/2022 para negar la primera evaluación de discapacidad a personas con diagnósticos oficiales de autismo, bajo la excusa de exigir meses o años de tratamiento para evaluar supuestas “mejorías”. El autismo es una condición neurobiológica permanente presente desde el nacimiento. Esta práctica vulnera derechos humanos y priva, especialmente a los menores, de los apoyos educativos y terapéuticos necesarios, haciendo imprescindible la aplicación homogénea del baremo de discapacidad en todo el Estado.
Las entidades de Asperger España defienden los derechos de las personas Asperger y sus familias y además les brindan apoyo terapéutico especializado. Sin embargo, para garantizar la continuidad y calidad de estos servicios, que deberían ser responsabilidad de las administraciones públicas, es esencial contar con un apoyo económico público estable y suficiente, evitando la precariedad que pone en riesgo la planificación y profesionalización de servicios esenciales. Sin esta financiación estructural, los derechos reconocidos por las leyes quedan vacíos de contenido.
Hoy, la Asociación Autismo AOPA, junto a la Confederación Asperger España, hacemos un llamamiento a las instituciones públicas. Al movimiento asociativo. Y a la sociedad en su conjunto para avanzar, de forma colectiva, hacia el reconocimiento de la discapacidad psicosocial.
Fuente: Confederación Asperger España